Propuestas

1. Exigiremos al Gobierno del Estado el establecimiento de un calendario para la reforma inmediata del sistema de financiación autonómica, basada en las recomendaciones de los expertos nombrados por el Consell; así como la aprobación de mecanismos temporales de compensación mientras esta reforma no se produzca.
2. Defenderemos que la reforma inmediata y profunda del sistema de financiación autonómica se produzca con efectos del 1 de enero de 2014 y posibilite así a los valencianos y valencianas disponer de unos servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales y protección social) de calidad, y permita, de igual manera, el ejercicio de las competencias propias (empleo, vivienda, medio ambiente, infraestructuras, cultura, promoción económica, etc.) con el fin de alcanzar, al menos, la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades autónomas.
3. Propondremos que el nuevo sistema de financiación contemple un tramo a través del cual las administraciones autonómicas puedan desarrollar otro tipo de competencias no básicas. Este tramo debería poder ser financiado, en buena medida, con tributos propios que recaudara la propia comunidad autónoma o, en caso de insuficiencia fiscal, con transferencias de nivelación. A través de este mecanismo aseguraríamos una mayor corresponsabilidad fiscal y, al mismo tiempo, un mayor grado de autonomía.
4. Exigiremos el reconocimiento de la deuda histórica desde que se produjeron las transferencias de competencias a la Generalitat Valenciana, cifrada en, por lo menos, 20.000 millones de euros; así como la definición y el establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficits.
5. Continuaremos desplegando la Agencia Tributaria Valenciana como instrumento para asumir la descentralización de los ingresos y mejorar la eficiencia y la autonomía en la gestión de los tributos propios, aprovechando el conocimiento y la implantación territorial de la Generalitat.
6. Defenderemos una reforma del sistema de financiación de las entidades locales que les garantice un espacio fiscal propio con el que hacer frente a sus competencias y que tenga en cuenta la diversidad del mundo local con vista a una segunda descentralización.